martes, 29 de diciembre de 2015

Gendarmería reprimió y desalojó el corte de los trabajadores de Cresta Roja

 Tras montar un imponente operativo ayer por la noche, la Gendarmería reprimió y desalojó violentamente el corte que los trabajadores estaban realizando sobre la autopista Ricchieri - a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza - en defensa de 5 mil puestos de trabajo. Los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes a los golpes con el apoyo de camiones hidrantes. Hasta el momento los empleados de la empresa avícola siguen sin tener ningún tipo de respuesta sobre los sueldos atrasados y la continuidad laboral. "Peleamos por los puestos de trabajo, queremos una navidad en paz", aseguró uno de los delegados gremiales. ACTUALIZACIÓN 14.10hs: Gendarmería volvió a reprimir con balas de goma y un camión hidrante a los trabajadores de Cresta Roja, ahora acompañados por otras comisiones internas y delegados de otros conflictos laborales. Ampliaremos. Por ANRed.

En lo que es la primer gran represión del nuevo gobierno de Cambiemos, y tras montar ayer por la noche un imponente operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), los efectivos avanzaron hoy a las 9 reprimiendo y desalojando violentamente a los trabajadores de Cresta Roja que mantenían un acampe y corte sobre la autopista Ricchieri - a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza - en defensa de 5 mil puestos de trabajo.

"No se entiende por qué hacen esto. Empezaron a desalojar y a reprimir. Ayer yo estuve en la reunión con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la que habíamos llegado a un acuerdo de que podíamos mantener la medida, y ahora el Jefe del Operativo nos dice que tiene que desalojar por orden del Presidente", aseguró tras la represión uno de los delegados gremiales.

A su vez, agregó: "Peleamos por los puestos de trabajo, queremos una navidad en paz. La única manera de que nos vayamos de acá es que tengamos la quincena paga. No puede ser que a los dueños de la empresa el Estado le perdone sus deudas en la AFIP, le descuente impuestos y a nosotros no nos pueda ayudar con el pago de la quincena, que para el Estado es un vuelto".

Cabe destacar que en el corte había además presencia de docentes y maestras de los hijos de algunos de los trabajadores de la empresa, que también resultaron víctimas de la violencia de la Gendarmería, junto a algunos periodistas de medios de comunicación masivos que se encontraban cubriendo en vivo los hechos.

Luego de una reunión de gabinete entre la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el Gobierno justificó el desalojo de la protesta de Cresta Roja en una conferencia de prensa en Casa Rosada. "La Gendarmería cumplió con el mandato del juez" de liberar la autopista Ricchieri, expresó Triaca.

Por su parte, Michetti remarcó que con este tipo de medidas "el Estado recupera su función de regular entre dos derechos (circular libremente y manifestarse). Se puede desalojar sin tener situaciones graves de violencia. Lo de hoy va a ser un protocolo para que todo el mundo vea. Queremos dar previsibilidad, para que todo el mundo sepa de antemano lo que puede pasar".

Los empleados de Cresta Roja se encuentran en estado de asamblea al costado de la Ricchieri resolviendo las medidas a seguir. Hoy una delegación participará de la movilización a Plaza de Mayo que a las 16hs realizarán distintos gremios y organizaciones sociales y políticas para reclamar un bono de fin de año que compense los aumentos de precios registrados en los últimos meses.



miércoles, 9 de diciembre de 2015

Balance de los juicios a los Genocidas a diciembre de 2015 -HIJOS La Plata

FIN DE UN CICLO

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta diciembre de 2015. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen sentencia de primera instancia de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal( www.mpf.gov.ar y www.fiscales.gob.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Nuestra base de datos puede consultarse en www.hijosprensa.blogspot.com.ar

Otro año de caída

Con 17 juicios parciales concluidos y 115 condenas en lo que va de 2015, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar a los genocidas. El debate político por la continuidad de los juicios en el gobierno de Macri ha ocultado los déficit de un proceso que se ha estancado hace 3 años. Las magras cifras de condenas que arrojó el período 2013/2015 hizo detener en los hechos un proceso había crecido desde 2010. Si se había tocado un techo de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año promedio, este año fue menos productivo y termina de consolidar la caída general del proceso.

Lo más probable es que reste sólo 1 sentencia en lo que queda del año: el juicio realizado en Capital federal a los apropiadores de Pablo Athanasiu Laschan, y aunque todos sean condenados no cambia el panorama general.

Desde la caída de las leyes de impunidad al 10 de diciembre de 2015 el Estado argentino sólo efectivizó 148 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 148 juicios hubo 869 procesamientos, y como resultado se dictaron 778 condenas sobre 634 represores, 80 absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 2 apartados durante el juicio, por un universo de 3858 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años alrededor del 40% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 30% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 12 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune (como los 230 procesados que fallecieron en estos 12 años) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 643 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, hay menos de 130 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los 200 mil represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2 mil procesados, ese 32% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

Cifras generales

Si analizamos lo que fueron las distintas zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, y subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías y servicios penitenciarios provinciales se han hecho:
- 37 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 198 condenas. Agregamos aquí el detalle de que en 2015 sólo se realizaron 2 procesos en este ámbito: la causa por la represión en Junín y contra agentes del Batallón 601 por asociación ilícita.
- 30 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 150 condenas. Nuevamente, en 2015 sólo hubo 2 procesos en esta jurisdicción: la causa contra el subjefe de policía de Formosa y la conocida como “Saint Amant 2” en Rosario.
- 44 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 264 condenas. Es esta la jurisdicción donde más juicios hubo este año (7 procesos), a la vez que donde más condenas ha habido en general, incluidas las 28 de este año sólo en el juicio que se realizó en San Luis.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del noroeste bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 13 procesos con 53 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo. Este año sólo concluyó en esta jurisdicción el juicio N°11 por hechos de aquella sede de mando militar, referidos a crímenes cometidos desde la Comisaría de Villa Ballester.

Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 10 juicios que condenaron a 71 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 3 en Bahía Blanca (el último compartió imputaciones con efectivos de la Armada) y 1 en Río Negro.
En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a un total de 50 marinos, 9 prefectos y 8 civiles cómplices de esas patotas. Este año se logró la condena a 5 marinos y 3 prefectos en La Plata, en el juicio a la Fuerza de Tareas 5; además de 9 marinos y 4 prefectos sentenciados en la causa “Fracassi” de Bahía Blanca; la apropiadora de Javier Penino Viñas y los de Florencia Reinhold Siver, delitos cometidos desde la Escuela de Mecánica de la Armada. Precisamente, continúa su curso el tercer tramo por los crímenes de la Escuela de Mécánica de la Armada, que lleva 3 años de audiencias, donde han muerto impunes casi una decena de represores, y que se ha convertido en el proceso judicial más complejo de las historia penal argentina.

Además sólo 13 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea y sus patotas condenados a la fecha: este año se sentenció a 2 oficiales de la 5ta Brigada Aérea en el juicio desarrollado en San Luis, y a 5 oficiales de la Fuerza Aérea y un civil de Inteligencia de esa fuerza en la causa Mansión Seré 2 en San Martín. Y hubo sólo 11 integrantes de Gendarmería condenados, en CABA, Córdoba, Tucumán y San Martín.
Por último, en 2015 hubo 2 novedades importantes: el ex juez Manlio Martínez fue el primer ex funcionario judicial de la dictadura condenado por secuestros, prevaricato y asociación ilícita; mientras que los espías del Batallón 601 Leonardo Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que habían llegado procesados por 3 secuestros extorsivos de empresarios entre 1979 y 1981, fueron absueltos por mayoría por el TOF6 de Capital, que entendió cosa juzgada, y transformó el proceso en el primer juicio en que todos los procesados fueron dejados en libertad.

Grises y negros

Curiosamente venimos escuchando desde los sectores del kirchnerismo que cada año que se iniciaba sería realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. Ni siquiera se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. El proceso venía creciendo desde las 19 juicios con 114 condenas de 2010, pasando a 21 procesos finalizados con 86 condenas en 2011. Como decimos, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 aunque se estancó en 23 juicios concluidos creció a 161 condenas. Fue a partir de allí que comenzó a decaer el proceso, llegando en 2014 a 20 juicios con 96 condenas y en 2015 a sólo 17 procesos con 115 condenas, es decir que se volvió a los promedios de 2010, cuando se había pegado el gran salto.

Es tan inocultable el estancamiento de la tendencia que el optimismo que trasmitía el habitual informe sobre el estado de las causas que el Ministerio Público Fiscal publica cada fin de año, se reflejó en un relevamiento estrictamente estadístico este año, dejando de lado los análisis detallados de otros años y sin siquiera alertar sobre el hecho básico de que más procesamientos con menos juicios por años generan un cuello de botella difícil de sortear. (1)

Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores; mientras que los “mega-juicios” (10 represores o más) han caído a 3 sobre 20 en 2014 y 4 sobre 17 en 2015.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad. Como dijimos, este año sólo llegaron a sentencia los casos Penino Viñas y Reinhold Siver, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver.

En donde se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, pero como un delito autónomo al de tormentos. Y si bien esta posición sigue siendo resistida por la mayoría de los tribunales del país, a los 2 represores condenados hasta el momento (Musa Azar y Miguel Garbi en Santiago del Estero) en los últimos años se han sumado condenas por violación y abuso deshonesto en los juicios Vesubio 2, Villa Urquiza de Tucumán, Mansión Seré 2, Armada de Bahía Blanca y Comisaría de Villa Ballester.

Sin embargo falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD. Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. Hoy es tiempo de que la justicia recepcione de una vez por todas estos hechos para dar cuenta completa de o que sucedía en los CCD.

Domiciliarias y reconciliación

El polémico editorial del diario La Nación, publicado insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, ha reinstalado el debate sobre la significancia profunda de los juicios al igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el proceso de juzgamiento con supuestas “nuevas violaciones de derechos humanos”. (2)
La derecha, que se ha cansado de quejarse de que los organismos defendemos “los derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión” actuar “en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia tranquilos y en sus casas.
Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es el único eje cuestionador de la cárcel común: a ellos se suma un sector de los familiares y víctimas de terrorismo encabezados por Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, que confunden la reconciliación impune con el cumplimiento igualitario de la ley. (3)
Recordamos que este debate tiene un grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle, por razones médicas, la domiciliaria a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas conservan poder y capacidad logística de fugarse y complicar las investigaciones.

Sobre esas grietas se montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como una revancha. Con este antecedente cabría preguntarse entonces cuánto pesarán a partir del nuevo escenario político los reclamos del vocero de la derecha, cuando el propio Estado ha reconocido que en esta década el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario, mientras hoy queda un 25% del total de 2.100.

La Plata sigue impune

Para La Plata el año 2015 sumó 8 condenas condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuys familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.
Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.

Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.

Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.

Pero además hay en La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.


Conclusión

La puesta en la balanza de estos 12 años de juicios ha tenido tantos vaivenes como los alineamientos políticos de la última década. Incluso la pretensión del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, referida a concluir los juicios en 2015 (4) parece hoy un mal chiste, cuando no un manotazo de ahogado, de quien quiere maximizar su tarea antes de irse, pero que de ninguna manera es practicable porque no puede hacerse a las apuradas lo que no se planificó anteriormente.

Hasta el juez Daniel Rafecas ha reconocido que en estos juicios “el modelo procesal aplicable, es vetusto y concede demasiadas ventajas defensistas que demoran permanentemente el progreso de la causa hasta el juicio oral”. (5)
Esas voces, que destacan el abandono de aquel rol de garante de impunidad y olvido que por 15 años había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad apoya los juicios. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos nuevos 12 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y provinciales sobre estos gravísimo crimen perpetrados contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia. El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Quizás porque han pactado con las viejas prácticas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que han asesinado a más de 4600 personas con gatillo fácil y torturas, y desaparecido a más de 200 en 32 años de democracia. Recordemos que este año la campaña de amenazas sobre el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata tuvo sus efectos: el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado el comisario Miguel Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. La pulseada comienza a ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera elije quién lo juzgará torciéndole el brazo a uno de los tribunales más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.

Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los negocios que por la Memoria contra el Genocidio. Así lo preanuncian los currículum del joven de la Fundación Konrad Adenauer y nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, como el de su próximo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hombre de la Daia en épocas de Rubén Beraja, mentor del pacto PRO-FPV para le gestión de edificio de la ESMA y quien le acercó a Macri a Jorge “Fino” Palacios.
En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.

Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre los juicios. La primer prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de López.

A 40 años del golpe genocida seguiremos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIO A LAS BANDAS FASCISTAS QUE ACTUARON PREVIO AL GOLPE, A LOS CÓMPLICES EMPRESARIALES, ECLESIÁSTICOS Y DE LA BUROCRACICA SINDICAL.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.


30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA

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Facebook y Twitter: HIJOS La Plata (en lucha)

lunes, 7 de diciembre de 2015

Arrestaron al represor Gustavo De Marchi quien se había fugado del Hospital Militar

De regreso a la prisión
Fue detenido ayer en el barrio de Almagro. Había sido condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, pero se escapó junto a su compañero Jorge Olivera. Por este caso fueron pasados a retiro varios oficiales del Ejército y penitenciarios.

  Por Diego Martínez
Gustavo Ramón De Marchi, el represor condenado por delitos de lesa humanidad en San Juan que el 25 de julio de 2013 se fugó del Hospital Militar Cosme Argerich junto con Jorge Olivera, fue detenido ayer al mediodía por la Policía Federal en el corazón de Buenos Aires. Los dos millones de pesos que el Poder Ejecutivo había ofrecido como recompensa un día después de la fuga no fueron necesarios: una investigación del fiscal federal Franco Picardi y de la División de Seguridad Interior de la Policía Federal, que incluyó intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia, permitió ubicarlo cerca de la casa de su hermana, en el barrio de Almagro. Sin el bigote que lo tornaba inconfundible, lejos de la soberbia que mostró durante el juicio oral, el torturador se entregó sin chistar y quedó detenido en la alcaidía del Palacio de Tribunales.

La investigación sobre la fuga estuvo originalmente a cargo del juez federal Claudio Bonadio, que en marzo resolvió que la causa pasara a San Juan, desde donde se habían cursado las autorizaciones para los traslados al penal de Marcos Paz, última escala antes del Argerich. El fiscal federal Leonel Gómez Barbella se opuso. Argumentó que la evasión se había producido en el hospital de la avenida Luis María Campos, que los familiares de los prófugos residían en Buenos Aires, e invocó la conexidad con la causa que investigaba a agentes del Servicio Penitenciario Federal por las deficiencias en los controles. La Sala II de la Cámara Federal le dio la razón al fiscal: consideró “indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar”. Tres días después, el 22 de mayo, Bonadio delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal. En junio concluyó la subrogancia de Gómez Barbella y la investigación quedó en manos del flamante fiscal Picardi.

De las intervenciones telefónicas al círculo familiar del prófugo y las tareas de inteligencia de la Policía Federal surgió que De Marchi estaba en Buenos Aires. Los investigadores eran optimistas en poder detenerlo el martes, cuando el represor tenía previsto celebrar su cumpleaños, pero el trabajo dio frutos antes de lo pensado. Ayer a primera hora le avisaron al fiscal que la captura estaba más cerca y le mostraron una foto tomada a cierta distancia que permitió confirmar su identidad. Horas después De Marchi apareció, solo, en uno de los lugares que vigilaba la policía, cerca de la casa de su hermana, y fue detenido sin emitir palabra. “La policía trabajó muy bien. En los últimos meses se había profundizado mucho la búsqueda y gracias a eso se lo pudo detener”, destacó Picardi, que también tiene a su cargo la investigación del paradero de Olivera.

Teniente primero retirado y martillero público de 66 años, De Marchi fue condenado el 4 de julio de 2013 a la pena de 25 años de prisión por delitos que cometió en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan durante la última dictadura. El tribunal oral integrado por Héctor Cortés, Alejandro Piña y Raúl Fourcade consideró probada su participación en 32 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados contra perseguidos políticos. Antes de escuchar la sentencia les advirtió a quienes lo acusaban que era un “prisionero político”, que ellos eran sus “enemigos” y se ufanó de haber sido entrenado para fracturarle la tráquea a una persona con un movimiento de dos dedos. La misma pena, en otro juicio, había recibido en 2008 su hermano, el empresario Juan Carlos De Marchi, ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes.

Luego de las fugas, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pasó a retiro a seis oficiales y un suboficial destinados en el Hospital Militar, y prohibió el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios y ordenó al Servicio Penitenciario que no traslade a ningún represor a centros de salud militares. Días después creó un protocolo para el traslado de detenidos.

De Marchi y Olivera sabían desde mediados de junio, días antes de la sentencia, que durante la feria judicial de invierno iban a ser trasladados desde San Juan a cárceles de la provincia de Buenos Aires. Según un informe publicado por el sitio web de la Procuración General de la Nación, de las actuaciones tramitadas ante el juez sanjuanino Leopoldo Rago Gallo surge que en el penal de Chimbas tenían acceso a Internet, que gestionaron turnos para los mismos días y horarios, y que esos turnos excedían largamente la feria. Las constancias de la causa revelaron además que el Ministerio Público Fiscal fue marginado de todo el proceso y que el Tribunal Oral de San Juan, que igual que Rago Gallo tenía a su cargo a los dos presos, estuvo ajeno a lo ocurrido hasta el 18 de julio, un día después de que el Servicio Penitenciario de San Juan les entregó a los detenidos a sus pares del Servicio Penitenciario Federal. Rago Gallo les había negado permisos de “traslado permanente” al penal de Marcos Paz, que pedían invocando la cercanía con sus familias, pero les otorgó “traslados temporales” que sirvieron para achicar distancias con el Hospital Militar. Allí trabajaba la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, una militante católica que despotrica contra “los zurdos” y “el marxismo” y que se ocupó de gestionar turnos con dermatólgos, traumatólogos, urólogos y demás especialistas. Los represores se fugaron el 25, pero se habían asegurado turnos en los mismos días y horarios para otras cuatro fechas.

viernes, 27 de noviembre de 2015

27 al 29 de noviembre : Taller de Talleres : Los sueños no se desalojan

INVITACIÓN 

Del 27 al 29 de noviembre realizaremos en el Espacio Cultural Pompeya el Taller de Talleres, en el que compartiremos los saberes creados en los procesos de investigación acción participativa y de educación popular, entre diversos movimientos, organizaciones y colectivos. 

Es un momento en el que urge encontrarnos para mirar el contexto nacional y latinoamericano, y pensar cómo va a incidir en nuestras experiencias de lucha y en nuestras prácticas; para reforzar la voluntad de caminar juntxs, en la resistencia a las políticas conservadoras y neoliberales de esta etapa del capitalismo patriarcal y colonial, a su violencia y a su destrucción, y en la creación de alternativas de poder popular, soberanía sobre cuerpos y territorios, y unidad de lxs de abajo. 

Es un momento también para problematizar nuestras experiencias, con el objetivo de corregirlas, fortalecerlas, y defenderlas frente a la derechización del proceso político nacional y continental, y de articular nuestras solidaridades y acciones comunes con otros movimientos populares de Nuestra América amenazados por la rearticulación de las derechas y la ofensiva de las corporaciones transnacionales y las políticas imperialistas. 
En ese contexto, trabajaremos sobre el lanzamiento de la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala, proyecto que venimos construyendo desde el Taller de Talleres del año anterior, y que hoy ya ha tomado forma, propuestas, iniciativas, y es un espacio colectivo de formación y acción política de diferentes organizaciones populares. 

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía 

Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos 

Los sueños no se desalojan. Los sueños no se desalojan. Los sueños no se desalojan. Los sueños no se desalojan. NO SE DESALOJAN

Programa definitivo 

Taller de Talleres 

Los desafíos de la unidad, abajo y a la izquierda 
¡Cuidando nuestros territorios y nuestros cuerpos! 
¡Defendiendo y ampliando los derechos y los sueños! 
¡Luchando, creando poder popular! 

Viernes 27 de noviembre 

10 hs. Apertura. Presentación de lxs participantes, y del programa propuesto. 
11 hs. Diálogos: Luces, sombras y preguntas en la actual coyuntura argentina y latinoamericana. 
12 hs. Comentarios: Silvio Schachter (Colectivo Herramientas), Celina Rodriguez (Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional), Maisa Bascuas (Confluencia Movimiento Tupaj Katari - Movimiento Popular La Dignidad), Carina López Monja (Frente Popular Darío Santillán). 

14 hs. Diálogos: Luces, sombras y preguntas en la actual coyuntura argentina y latinoamericana. 
18 hs. Panel de análisis de la coyuntura latinoamericana. 
María Concepción Ovideo (CONAMURI - Paraguay), Ana Terra (Movimiento Sin Tierra - Brasil), Horacio Raydan (Colectivo Cimarrón - Venezuela), Carolina Pineda (Congreso de los Pueblos - Colombia), Mónica Mexicano (Asamblea de Mexicanxs en Argentina). 

20 hs. Homenaje a Javier Rodríguez Pardo. 
Pablo Palicio (Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Trelew). Francisco Ruiz y Patricia Delpino (Pañuelos en Rebeldía). 

Sábado 28 de noviembre 

9 hs. Recuperación de los contenidos del debate del día anterior. 
9.30 hs. Presentación del proyecto de resistencias a la recolonización del continente. Roxana Longo. Patricia Agosto. 
10 hs. Presentación del trabajo realizado por la Escuela de Derechos de los Pueblos. 
Aníbal Mosquera (Pañuelos en Rebeldía). Julia Chávez (Confluencia MTK-MPLD). Sara Ordoñez (Colectivo La Ciega en COB La Brecha). 
10.30 hs. Presentación sobre Soberanía Alimentaria. Marielle Palau (Base IS- Paraguay). 
11 hs. Trabajo por ejes de investigación acción participativa. 
- Soberanía alimentaria – Soberanía energética. Patricia Agosto (CIFMSL). Lucía Vicente. 
- Soberanía sobre los territorios. Aníbal Mosquera. Corriente Villera Independiente. Oscar Delgado. Marcos Pastrana. 
- Soberanía sobre los cuerpos. Roxana Longo. Campaña contra las Violencias. Socorristas en Red. 
- Criminalización de la pobreza y de los movimientos populares. Silvia Bignami. Analía Rivadera. SERPAJ Paraguay. Espacio Cultural La Casita de Guernica. Caleidoscopio Rosario. 
- Educación popular, formación política. Claudia Korol. Movimiento Sin Tierra de Brasil. CONAMURI de Paraguay 
- Comunicación popular. Mariano Algava. Colectiva La Caracola de Mendoza. Lisa Buhl. 

14 hs. Puesta en común del trabajo por ejes temáticos. 
17.30. Comentarios sobre la realidad latinoamericana. Dunia Mokrani (Bolivia), Marta Almada (Serpaj Paraguay) 

18.30 hs. Presentación del libro La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López Salamero. Editorial Madreselva. Liliana Daunes. Vero Diz. María Luisa Peralta. 
19 hs. Libertad a Reina Maraz. Intervención de compañeras del MTD Lucha y Libertad de la Federación de Organizaciones de Base (FOB). 

19.15 hs. Diálogo con Rita Segato. “Las violencias: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Laberintos del poder”. 

Domingo 29 de noviembre 

9 hs. Recuperación del día anterior. 
9.30. Informe del Encuentro Nacional de Niñez y Territorio. 
10 hs. Panel: Resistencias de los pueblos originarios. Cinco siglos abriendo caminos, cuidando los territorios, defendiendo la identidad. 
Relmu Ñamku (comunidad Winkul Newen de Neuquén). Marcos Pastrana (Comunidad Diaguita Calchaquí de Tafí del Valle- Tucumán). Tomás Membreño (COPINH – Honduras) 
11.30 hs. Solidaridad con Carlos Aznarez (director de Resumen Latinoamericano). 

12 hs. Solidaridad con las mujeres y con el pueblo de Kurdistán. Acto con la presencia de Melike Yasar (representante para América Latina del Movimiento de Mujeres de Kurdistán). 

12.30 hs. Compromiso con quienes abrieron caminos en la lucha contra la impunidad, y en los juicios por los crímenes de lesa humanidad. 
Abrazo a Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), a lxs compas de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, a CAPOMA, y a Osvaldo Bayer. 

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía 

Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos 

Los sueños no se desalojan. Los sueños no se desalojan. Los sueños no se desalojan. Los sueños no se desalojan. NO SE DESALOJAN

martes, 17 de noviembre de 2015

Pablo López: Rechazamos la estatización de la memoria de Mariano Ferreyra

En el día de hoy, la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, trató un proyecto de ley del kirchnerismo, declarando el 20 de octubre como el día nacional de la lucha contra la tercerización laboral, en conmemoración del asesinato de Mariano Ferreyra.

El diputado salteño del FIT-PO, Pablo López, recordó a los autores del proyecto que la presidenta dijo un año antes del asesinato de Mariano Ferreyra que la Unión Ferroviaria y Pedraza eran el sindicalismo constructivo. También mencionó que la sede de este sindicato, que acaba de avalar un convenio colectivo a espaldas de los trabajadores y que habilita la tercerización, se ha convertido en una sede de la campaña de Scioli.

“Rechazamos la estatización de la memoria de Mariano por parte de quienes sostienen a la patota de la Uocra que dirige Gerardo Martínez, de quienes sostienen a Tomada que conspiró junto a Pedraza contra los tercerizados que acompañaba Mariano, de quienes consagraron la tercerización laboral en una ley cuasi constitucional, como el Código Civil y Comercial, de quienes sostienen a Aníbal Fernández, quien era responsable de la policía federal que liberó la zona para que la patota asesine a Mariano” señaló López.

Pablo López llamó a que se retire el proyecto y a que se pongan a discusión proyectos que concretamente acaben con la tercerización como el que presentó en octubre de 2014 junto a Néstor Pitrola. “Acabar con la tercerización de manera concreta es un verdadero homenaje a Mariano” indicó el diputado.

“Mariano no luchaba por el relato nac&pop de falsa justicia social, luchaba para terminar con un régimen de explotación y represión contra los trabajadores, luchaba por la transformación socialista de esta sociedad” concluyó el diputado  Pablo López.

Para comunicarse: 
Pablo López 3875008610
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Contacto Prensa: Maura 1540555424 - Laura 1544128257 - Agustina 1549793083 - Cecilia 1540553294 -  Olga 156005 8303  - Silvia 1540417225

viernes, 6 de noviembre de 2015

¡ No al proyecto de desgüace del BNDG !

Desde HIJOS La Plata nos oponemos al proyecto de Ley de creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de casos de NN y Desaparición Forzada de Personas, impulsado por el diputado del FPV Horacio Pietragalla y que lleva el N° de expediente 3479-D-2015 y trámite Parlamentario 71 (17/06/15). El proyecto se tratará este miércoles en el Congreso.

El proyecto crea, en la órbita del Ministerio de Justicia, una Unidad de Registro con el objetivo de “establecer la filiación y facilitar la búsqueda de las personas que se encuentren en cualesquiera de esas situaciones”, con exclusión de aquellas que estén comprendidas en las disposiciones de las Leyes números 23.511 (del viejo BNDG) y 26.548 (del nuevo BNDG).

Entre las funciones que se pretende asignar a la nueva Unidad de Registro están las de documentar hallazgos de cuerpos “de filiación desconocida; extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado o circunstancias similares que se produzcan en el territorio nacional y fuera de él, cuando afecte a nacionales argentinos”. Además se mandata a “colectar, sistematizar y entrecruzar toda información acerca de las personas objeto del Registro” en coordinación con otros registros nacionales.

En el punto d) del Artículo 3 el proyecto crea un Banco de Datos “para el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta Unidad de Registro”, al que se pondrá en coordinación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, derivando los casos de lesa humanidad a este último y el resto de los casos al nuevo Banco que pretende crear el proyecto.

Además, en el punto f) se dispone “realizar un seguimiento de los casos que haya registrado, hasta su efectiva dilucidación, y trasmitir los datos al Banco de Datos creado por la presente ley o al BNDG creado mediante las Leyes 23.511 y 26.548, cuando resultare que el supuesto encuadra en el ámbito de su competencia”.

Apelando al derecho a la Verdad y a la Identidad que l nueva ley del BNDG limitaba, el proyecto se plantea “contribuir a la investigación eficaz, esclarecimiento y sanción, en su caso, de los casos de filiación desconocida, extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado , etc; a la vez que se propone “contribuir a la restitución de la identidad, búsqueda y localización de las personas”.

Como dijimos en 2009, cuando se sancionó la ley 26.548, y como venimos sosteniendo desde la “Mesa Todos por el Banco”, el Estado argentino sigue improvisando sus políticas referidas al derecho a la Verdad y a la Identidad.

Desde hace 6 años venimos señalando que la nueva ley del BNDG sólo buscó su traslado al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación para utilizarlo como plataforma de un emprendimiento de medicina genómica. Dijimos que esa ley es restrictiva respecto al derecho universal a la Identidad y que con su aplicación el BNDG fue objeto de una medida regresiva e inconstitucional. Denunciamos judicialmente como inconstitucionales los artículos 2 y 5 de aquella ley, porque limitaron la competencia del BNDG a la fecha del 10 de diciembre de 1983. Dijimos que esa arbitrariedad beneficiaba a los laboratorios privados, a los cuales deberán acudir los nacidos y/o registrados en fecha posterior que tengan la capacidad económica para pagar un estudio de esta complejidad. Pero también dijimos que fundamentalmente, la fecha del 10 de diciembre de 1983 pretendía negar la existencia de desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos.

También venimos señalando que bajo la Ley 23.511 con la que se creó el BNDG, la identidad biológica de todos podía hacerse realidad. El Banco es la única herramienta confiable que se ha podido desarrollar y mantener hasta el momento y que permite averiguar la identidad de los niños apropiados por el estado terrorista, en tanto no sea posible acceder a los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de hoy.

Reafirmamos, que el proceso de desnaturalización y vaciamiento que comenzó con la Ley 26.548 y que avanzó con su reglamentación en 2013 y el operativo de traslado durante 2015, debe ser revertido.

No puede desarmarse lo que ha venido funcionando bien con la excusa de mejorar lo que no se ha hecho en 32 años de democracia. El Estado argentino, que con la Ley de 2009 dejó librada a su suerte a aquellas personas que buscan su identidad y cuyos casos no se refieren al accionar del Terrorismo de Estado, pretende ahora crear un Banco específico para esos casos, asumiendo el vació que han generado. De hecho, entre los fundamentos del proyecto del diputado Pietragalla, está el reconocimiento de ese vacío. Allí se puede leer que “en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, surge la obligación de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir y sancionar las privaciones ilegítimas de la libertad y las desapariciones forzadas de personas, como así también contribuir a la localización e identificación de personas ausentes, con paradero ignorado o fallecidas, cuya identidad no hubiera sido establecida. El proyecto de ley que se propone viene a cubrir, justamente, esa obligación a la que se comprometió el Estado”.

Pero el cinismo con que el diputado Pietragalla y los firmantes del proyecto pretenden justificarlo no tiene límites. Tras negar públicamente que se haya limitado el objeto del BNDG y que la nueva ley haya sido restrictiva, se han puesto a trabajar en este proyecto, que en sus fundamentos reconoce que las Leyes 23.511 y 26.548, “no cubren los casos de desapariciones posteriores a 1983. Por eso, teniendo en cuenta la limitación del objeto por el cual se creó el referido Banco, aparece como necesaria la creación de un nuevo banco”. Y hasta se dan la posibilidad de reconocer la incapacidad actual del Estado para investigar las desapariciones forzadas en democracia, al expresar en los Fundamentos del proyecto que “de haberse contado con un registro como el que se propone en este proyecto de Ley, es probable que no se hubiese tardado tanto tiempo en confirmar la muerte de Luciano Arruga”.

En la investigación por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, que lleva más de 9 años impune, ha quedado en evidencia la falta de un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, tarea que está librada al azar y a la responsabilidad de cada funcionario en todo el país. Pero el avance en la creación de ese Registro no puede hacerse avalando el desguace del BNDG.

Porque somos coherentes con nuestra lucha, desde HIJOS La Plata seguimos diciendo:

- No al Desguace y Traslado del BNDG.
- Por el Derecho Universal a la Identidad.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Basta de negociados con la Verdad y la Memoria.

lunes, 2 de noviembre de 2015

Nora Cortiñas sobre el juicio contra Relmu Ñamku: es “una represalia teñida de discriminación”

Se levantó la voz y el apoyo desde el ámbito de los Derechos Humanos a Relmu Ñamku, la líder mapuche acusada de “intento de homicidio”, y que desde el lunes pasado está siendo enjuiciada en Zapala, Neuquén, por defender la vida de sus hermanas y hermanos y el territorio de su comunidad, Winkul Newen. En el medio del desarrollo de un juicio inédito y que incluye un jurado intercultural y un entramado de poderes que enjuicia en ella a todas las mujeres que defienden sus cuerposterritorios, Marcha dialogó con Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Félix Díaz.

Nora Cortiñas: esto es “una represalia teñida de discriminación”

“Estoy siguiendo el caso paso a paso desde que ocurrió el incidente”, sostuvo Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) en relación al enjuiciamiento a la mujer mapuche que está siendo criminalizada. “Estoy segura que esta condena es una represalia teñida de discriminación hacia la hermana Relmu”.

Cortiñas, en exclusiva para Marcha, sostuvo que “hay que rever la historia porque en esta situación que se presentó primero hay que volver para atrás y entender la lucha por el territorio ancestral, para en ese marco comprender que se trata de una causa provocada y eso hay que debatirlo”.

“Esa respuesta dura fue buscada. Se trata de un pueblo perseguido y contaminado por las empresas que abusan a través del extractivismo y el fracking en complicidad con los gobiernos que le abrieron las puertas, es en estos emprendimientos donde hay un abuso de poder sobre las comunidades”, sostuvo la referente de Madres.

“Es una injusticia que a esta hermana mapuche se la judicialice sin antes realizar un diálogo por parte del gobierno con las comunidades donde se deje en claro el respeto que debe haber, lo mismo pasa con el conflicto QO.PI.WI.NI”, denunció, sosteniendo que desde la acción e inacción de los gobiernos provinciales “provocan a la respuesta violenta para usarla de argumento cuando saben que los pueblos están saturados de resistir a estas situaciones”.

Félix Díaz: “compartimos y adherimos a esta resistencia”


Relmu Ñamku está “teniendo un proceso que nos demuestra el sistema que nos gobierna a través de la justicia, de las autoridades provinciales que tendrían que ocuparse a garantizar el respeto que tienen los pueblos indígenas de Argentina”, sostuvo Félix Díaz. “Como pueblo indígena estamos cada día más decididos a sostener esta lucha porque es la única herramienta que nos brinda la seguridad de poder llegar a tener ese respeto a través de la unidad de los pueblos indígenas”.

Díaz, adhiere a la importancia de, en la historia judicializada de Relmu, avanzar en la contextualización de la situación en que se dio en hecho que se juzga y en la responsabilidad del Estado argentino con las comunidades/ pueblos/ naciones indígenas para lograr una sentencia justa y un pleno desarrollo de la política de Derechos Humanos en detrimento de un “sistema opresor que sigue instalado en el país, a esta soberbia que hacen las autoridades judiciales, los gobernantes y empresas multinacionales que quieren adueñarse de lo poco que nos quedó”.

“Nuestros territorios han sido despojados de diferente manera a través de la sangre de nuestros ancestros”, declaró Félix Díaz, “sabemos que esta historia se repite nuevamente y este gobierno debería ser garante de la aplicación de los derechos constitucionales, la legislación internacional que debería ser la herramienta de poner en marcha la palabra interculturalidad, porque esa es la manera de demostrar la integración de los pueblos indígenas ante este Estado, que ha sido impuesto a través de las armas a integrar a los pueblos indígenas como argentinos”.

Y concluyó, “estamos muy preocupados por la situación que está pasando esta mujer, una gran luchadora, defendiendo su territorio, su identidad cultural y también su familia. Creo que es una dignidad muy pocas veces encontrada en este país, por eso compartimos y adherimos a esta resistencia que venimos sosteniendo desde Formosa”, dice Díaz. “Queremos solidarizarnos con este pueblo que está sufriendo esta persecución política y jurídica para querer justificar los despojos que afectan a cada familia indígena”.

Adolfo Pérez Esquivel: “preocupa la criminalización de las protestas sociales”

Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel, y desde el Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ), también se solidarizaron con las y los mapuches de la comunidad Winkul Newen y con Relmu Ñamku, “nos preocupa la criminalización de las protestas sociales, ya que si bien arrojaron piedras su intención fue en defensa de sus derechos de pueblos indígenas que se encuentran permanentemente vulnerados, no sólo en Neuquén sino en el resto del país”. Y agregó, “nos preocupa la falta de respeto a la Constitución Nacional, al convenio 169 de la OIT que no se han consultado para responder los conflictos territoriales”.

Pérez Esquivel presentó desde el SERPAJ un amicus curiae, que no fue aceptado por el tribunal, “en defensa del derecho de los pueblos originarios a quienes no se les está permitiendo tener sus valores, sus costumbres y sus derechos contemplados en los convenios internacionales como así también en la ley de emergencia 26.160 que tiene que ver con el relevamiento territorial”, ítems de los que espera sean “considerados por el jurado con equidad” al momento de dictar su sentencia.

 Hoy declaran la antropóloga Diana Lenton y Relmu Ñamku, la única imputada por “tentativa de homicidio” contra una funcionaria del poder judicial, Verónica Pelayes. En las jornadas anteriores, la excesiva figura aplicada por la fiscalía, a cargo de Sandra González Taboada, pareció difícil de demostrar mediante las declaraciones testimoniales y las pruebas presentadas ante el tribunal y el jurado. Es por eso que se espera sea una jornada decisiva.

Mañana se dictaría la sentencia de un juicio que, a pesar de tener escasa repercusión en los medios hegemónicos no deja de seguirse con atención de parte de quienes integran pueblos indígenas, organismos de Derechos Humanos y la sociedad toda que pretende la plena vigencia del respeto y el avance hacia un pueblo verdaderamente multicultural.

 Por Redacción Marcha/ Foto por Julieta Dorin

viernes, 30 de octubre de 2015

FRENTE AL ASESINATO DE ÁNGEL VERÓN EN CHACO

El 24 de septiembre la organización MTD (no al desalojo), se movilizo en la ruta nacional 11 km 997 (provincia del Chaco) para reclamar a las autoridades locales, la entrega de becas y herramientas las cuales se utilizarían en la construcción de viviendas acordadas en reuniones realizadas con el gobierno de Capitanich.
 
Sin orden judicial se monto un operativo policial con el fin de liberar la ruta, logrado el objetivo comenzó una persecución a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, hiriendo a varios de ellos, como resultado de esta feroz represión detuvieron a Ángel Verón quien fue golpeado, pateado y castigado a culatazos sobre la parte abdominal, en un campo cercano a la ruta.
 
Debido a las heridas recibidas por la golpiza se reabrieron las suturas realizadas tiempo atrás, producto de una delicada operación, en ese marco Ángel fue internado en el hospital zonal de Resistencia, permaneciendo esposado a la cama y con guardia policial.
El cuadro se complicó debido a la desconsideración hospitalaria, que irradio el cuadro de infección en las heridas producidas por la policía, Ángel Verón falleció el lunes 19 de Octubre.

Estamos frente a otro caso de muerte como consecuencia de la
represión a la protesta popular, respaldada e impulsada por el gobierno provincial que justifica y protege al aparato policial chaqueño.

Repudiamos la muerte del dirigente Ángel Verón y exigimos juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la represión, persecución y torturas ocurridas en la ruta 11, durante esa jornada.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA


Organismos de Derechos Humanos nucleados en el EMVyJ

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos
del Pueblo ( LIBERPUEBLO)
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (APEMIA)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)
Colectivo Memoria Militante
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

martes, 13 de octubre de 2015

Los vínculos de las grandes empresas con la represión de la dictadura

Huellas de la complicidad

El Banco Central aportó archivos a las causas judiciales que investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham (David Graiver),la ca usa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor.

 Por Sebastián Premici

Las investigaciones sobre las complicidades empresarias durante la última dictadura cívico militar avanzan no sólo en la Justicia. Distintos organismos del Estado comenzaron con la apertura de sus archivos. Uno de ellos es el Banco Central, que a partir de la llegada de Alejandro Vanoli abrió una oficina de Derechos Humanos, integrada por cinco investigadores. Hasta el momento, la entidad aportó correspondencia y actas secretas, legajos, y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio en las causas que investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham (David Graiver), la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba. El BCRA también está aportando información sobre la deuda externa.

La información de la entidad será de utilidad tanto para la Comisión Bicameral de la deuda externa, como para la recientemente creada para investigar las complicidades civiles en los crímenes de lesa humanidad.

El rechazo de la Bicameral por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) puede explicarse porque gran parte de la información encontrada en el Ministerio de Defensa o en el BCRA fue aportada a las causas judiciales que investigan a empresas que integran esas asociaciones empresarias.

Tenaris-Siderca y Acindar forman parte de la UIA. En relación con la empresa del Grupo Techint, el primero de octubre fue allanada su planta de Campana a pedido del juez de Zárate-Campana y San Martín en el marco de la causa 4012 (Campo de Mayo) en donde se investiga la desaparición de obreros de la siderúrgica. El allanamiento duró tres días y también abarcó oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. En relación con Acindar, la Justicia también está investigando el rol de la empresa en la desaparición de varios obreros. En este caso, el BCRA aportó los expedientes internos hallados en la entidad, información desclasificada que había sido solicitada en 2011 por la Secretaría de Derechos Humanos y un sumario sobre la compañía.

“Se puede afirmar que concurren numerosos rasgos comunes en los casos de Acindar y Techint: una organización represiva facilitada y ejecutada por los empleadores junto con las fuerzas militares y policiales, con el objetivo de disciplinar a los trabajadores”, puede leerse en el libro Cuentas Pendientes, editado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky. Este texto sirvió de base documental y teórica para la creación de la Bicameral parlamentaria.

El Banco Central también entregó información sobre la causa Mackentor, que tramita en Córdoba, como parte del mega juicio de La Perla. El 25 de abril de 1977 el comandante Luciano Benjamín Menéndez supervisó varios operativos secuenciados y simultáneos en donde detuvieron a personal jerárquico de la empresa, tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires. Mackentor era un grupo empresario de capitales nacionales especialista en la construcción vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían participación en las ganancias, además de abogar por una burguesía nacional. También había denunciado a la Cámara Argentina de la Construcción. Tras su exilio y el secuestro de varios directivos, la empresa fue liquidada.

Otro de los ejes de la investigación del Central es la deuda externa. Uno de los principales aportes será la publicación de un trabajo realizado por un grupo de peritos contadores que comenzaron a estudiar la legitimidad de la deuda en 1984. Otro de los capítulos vinculados con la deuda son los Bonos de Absorción Monetaria (BAM). La entidad está analizando cómo el grupo Gotelli y Antuña, dueños del ex Banco de Crédito Rural, adquirían préstamos del Central para financiar exportaciones nunca realizadas, además de hacerse acreedores de bonos entregados por el BCRA. En la actualidad, la compañía Snowy, con sede en Uruguay, es “propietaria” de esos bonos entregados al grupo Gotelli y en 2008 abrió una sucursal en la provincia de Buenos Aires, para demandar el cobro en el país. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto. Esa dirección corresponde al domicilio particular de Mercedes Moreno Kapplenbach, familiar del abogado, militante del PRO y muy cercana a Cornelia Schmidt Liermann, actual diputada macrista, ya que juntas integran la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA).

lunes, 12 de octubre de 2015

DARSE CONTRA UN MURO, El debate sobre los CCD en la experiencia del BIM3 . HIJOS - La Plata

Desde HIJOS La Plata señalamos la soberana elusión del debate sobre la banalización de lugares que han sido Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura, que realizó el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, Aníbal Viguera, y autoridades secundantes.

La realización de nuestra parte de un mural en una pared del nuevo edificio de la Facultad, emplazada sobre el predio del Batallón de Infantería de Marina 3, parece haber despertado el horror de sectores demócratas que hacen usufructo con dineros públicos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuevamente recibimos acusaciones infundadas de antidemocráticos o violentos, esta vez en un “Mensaje a la comunidad” publicado por el decanato.

Nosotros decimos: no es verdad que no hubo posibilidad de diálogo. De hecho estuvimos media hora discutiendo alternativas con el vicedecano de la FaHCE, Mauricio Chama, que primero en actitud conciliadora y luego en franca defensa irrestricta de su coto, cerró las posibilidades de poder hacer la pintada y dijo que tomábamos el lugar “por asalto”. A ello se sumó la queja de la docente María Laura Lenci que “no podía creer” lo que estaba sucediendo.

Pero aquí no estamos discutiendo la blancura de la pared de un edificio público, que tranquilamente puede volver a blanquearse para emular las construcciones de la armada o para hacer un mural homenaje al Decano Viguera. Estamos hablando de la utilización que hace el Estado nacional, y la UNLP como parte de éste, de espacios que probadamente han funcionado como parte de la maquinaria del Terrorismo de ese mismo Estado hace 40 años.

Para hablar de ello, hay que refrescar lo que desde HIJOS venimos diciendo sobre la historia en democracia del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 Almirante Eleazar Videla:
- Abandonado el predio por la Armada en abril de 1999, el Estado se desentendió del espacio abriendo el interés a los privados.
- En 2000 la propiedad del terreno fue adquirida por CENCOSUD, un holding empresario que preveía instalar un hipermercado Jumbo, once cines, un centro comercial y un patio de comidas. La iniciativa fue saludada por la gestión de Ensenada pero despertó oposición política en La Plata y el Concejo Deliberante pidió por unanimidad a la Provincia que niegue la habilitación correspondiente. Las razones fueron el perjuicio económico a comerciantes y el impacto ambiental: nada sobre el pasado del predio y su preservación.
- En 2001 HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones por los delitos de lesa humanidad allí cometidos. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
- En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
- En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
- En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles.
- En Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, y dos años más tarde, con acto de la presidenta Cristina Fernández incluido, la nueva sede de la facultad de Humanidades.
- En marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas (2 murieron impunes) para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.


Con todas estas razones, nos permitimos señalar al sr. Viguera, al sr. Chama y a la sra. Lenci que NO ALCANZA con “hacer visible el hecho” de que están funcionando en un CCD cuando el Estado Nacional está obligado por la ley N°26691 no sólo a señalizar los CCD sino a preservarlos como prueba judicial, completar las investigaciones, actualizar su nómina, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió. Acorde a la política de “la placa y la foto” que desarrolla la gestión del secretario de DDHH Martín Fresneda el resultado en el BIM3 es un deslucido cartel que no incluye ni los nombres de los compañeros que pasaron por allí.
NO ALCANZA con “el desafío de habitar un lugar cargado de sentidos con la responsabilidad política de mantener viva la memoria” cuando el proyecto de realizar una facultad sobre el BIM3 formó parte del Pan Estratégico de la UNLP desde 2007, como parte del avance patrimonial de la UNLP en la zona del Bosque Norte. Ha sido muy significativa la defensa que la gestión Viguera ha hecho de la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, cuando en este caso se justificaba diciendo que se mudaban de un predio (7 y 48) inaugurado por la dictadura de Onganía, sin agregar que se iban a otro predio que fue CCD de la dictadura de Videla, Massera y Agosti cuyos crímenes continúan impunes.

NO ALCANZA con saber y asumir “que la memoria es objeto de múltiples debates” cuando hay hechos fácticos irreversibles de los que el Estado no está dispuesto a hacerse cargo: no puede utilizarse ni re-significarse un predio donde se cometieron crímenes de Lesa Humanidad hasta que no se completen las investigaciones judiciales de esos hechos.

La UNLP sabe que se compró un problema con este tema, y NO ALCANZA con asumir “las discusiones, las tensiones y conflictos y las distintas maneras posibles de utilizar el espacio y sus modos de habitar un sitio de memoria, reconociendo la pluralidad de voces, sin imposiciones” cuando ha habido una apropiación del predio que para el Sr. Viguera y los sres. Raúl Perdomo, y sus antecesores Azpiazu y Tauber, parece haber generado una legitimidad de origen inmaculada, sacra como el poder que da la capacidad de hacer grandes negocios inmobiliarios, y desde la cual se nos convoca luego a participar democráticamente de una decisión tomada por pocos.


El pasado lunes 5 de octubre acompañamos la inspección ocular que realizó el TOF1 de La Plata en el marco del juicio a la Fuerza de Tareas 5, y que incluyó la recorrida por 4 lugares que funcionaron como CCD de la Armada y Prefectura en nuestra zona. La denuncia que hicimos sobre la falta de preservación del BIM3 nos quedó chica al comprobar el abandono total, la falta de señalización y la desidia generalizada que se vive en los predios del ex Liceo Naval, la sede de Prefectura Puerto La Plata y el ex Hospital Naval Militar. Allí, los ex detenidos, que habían visitado esos lugares en 2010 en la instrucción de la causa que ahora está en juicio oral, destacaron que en 5 años los lugares siguen modificándose pese a estar abiertas las investigaciones por los crímenes allí cometidos. El Estado argentino parece necesitar otros 12 años de gestión progresista para cumplir la tarea de preservación que no cumplió en este gobierno.

La inspección ocular del pasado 5 de octubre concluyó en el predio del BIM3, con la presencia del ex detenido Mario Peláez, que dio detalles de lo que habían sido los portones de acceso lateral al Batallón, así como el área de enfermería y la sala de tortura, lindantes estos a pocos metros de límite perimetral del Batallón con el Hospital Naval. Lo hizo sobre un plano del BIM3 aportado al TOF1 en persona por los sres. Viguera y Chama. Lo sugerente del caso fue que Pelaez no pudo señalar materialmente los lugares que se marcaban a fuego en su memoria porque la UNLP está construyendo nuevas instalaciones en esos exactos lugares. El trabajador de Astillero Río Santiago, Mario Pelaez, fue secuestrado por la Armada el 16 de enero de 1976 y pasó 3 días en el BIM 3, lugar que conocía porque había refaccionado como albañil y pintor unos años antes. “Yo voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste”, dijo Pelaez al final de la jornada.
Tal es nuestra convicción respecto al BIM3.

BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS
BASTA DE NEGOCIOS CON LA MEMORIA
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MARINOS GENOCIDAS DE LA ZONA

HIJOS La Plata